
La jueza federal Virginia A. Phillips ha hecho caso omiso de la petición de la administración Obama y ha ordenado al Ejército de Estados Unidos que cumpla de inmediato la sentencia que hace pocas semanas declaró inconstitucional la política de “Don’t ask, don’tell”, que impide a gays y lesbianas servir en el Ejército a no ser que mantengan oculta su orientación sexual.
Como hemos venido informando a lo largo de las últimas semanas, la jueza Phillips dio la razón a Log Cabin Republicans (grupo LGTB vinculado al Partido Republicano), que había demandado a la administración federal por la aplicación del “Don’t ask, don’t tell”, y declaró dicha legislación contraria a la Constitución de Estados Unidos. La administración Obama, a través del Departamento de Justicia, solicitó que por el momento la sentencia no se hiciera efectiva ni en el territorio nacional ni entre las tropas que se encuentran en el extranjero, argumentando que ello podría afectar a la operatividad de las operaciones. Una petición que anticipa su previsible apelación, para cuya presentación la administración federal dispone de dos meses.
La jueza Phillips, sin embargo, ha ordenado que la sentencia entre ya en vigor, instando al Ejército a la suspensión inmediata de cualquier investigación, despido, separación u otro proceso que pueda haber dado comienzo.
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