El pasado 3 de octubre, la diputada María Dolores Leal presentó ante el Consejo Local una iniciativa de reforma al artículo 147 del Código Civil de Nuevo León, el cual dice que “el matrimonio es la unión legítima de un solo hombre y una sola mujer, para procurar su ayuda mutua, guardarse fidelidad, perpetuar la especie y crear entre ellos una comunidad de vida permanente”.
La aprobación de esta iniciativa, promovida por la asociación civil Género, Ética y Salud Sexual (GESSAC), fue el resultado de 17 juicios de amparo respaldados por los partidos Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano y MORENA. Con la mayoría de votos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ha dado al Congreso de Nuevo León un plazo de 90 días hábiles para reformar el Código Civil del Estado y hacer válido el matrimonio igualitario. Y esos 90 días terminan el 19 de abril de 2019.
Con esta nueva reforma, el personal del registro civil no podrá negarles las solicitudes de casamiento a las parejas del mismo sexo, ya que se les podría sancionar con una pena de cinco a diez años de prisión, una multa de cien a mil días de salario mínimo o la destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo público.
Aunque la aprobación de esta iniciativa es un gran avance, la homofobia aún permea en el Estado y su gobernador, quien asegura que, aunque “cada quien se casa con quien quiere”, la sociedad aún no está preparada para la adopción entre parejas del mismo sexo.
