Jalisco busca prohibir y castigar las terapias de conversión LGBTQ #ECOSIG

Aunque a veces parezca lo contrario, sí vamos avanzando. Hay países donde quieren seguir restringiendo los derechos de la población LGBTQ, pero hay otros donde se busca proteger a la comunidad.

Les cuento que en el congreso de Jalisco, México, el diputado Salvador Caro, del partido Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para prohibir y castigar los ECOSIG, esfuerzos para corregir la orientación sexual o identidad de género, que se conocen coloquialmente como “terapias de conversión”.

La reforma que propone Caro dice que “Se impondrá de 1 a 3 años de prisión y la inhabilitación de su ejercicio profesional por el mismo tiempo a la persona física o moral que imparta, promueva, emplee, aplique, obligue o financie cualquier tipo de método, tratamiento, terapia, práctica no quirúrgica o servicio con o sin fines de lucro con el objeto de modificar, reorientar, menoscabar, restringir o anular la orientación sexual o identidad sexual de una persona”.

Esta iniciativa ya fue aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales, y espera pasar a votación del pleno del Congreso en los próximos días. Además, en la misma comisión fue aprobada una iniciativa que sancionará como homicidio calificado el asesinato de una persona por motivos de ideología, origen étnico, credo religioso y, entre otros más, su orientación sexual o su identidad de género.

Esta iniciativa, de la diputada priista Mariana Fernández, busca tipificar el «crimen de odio» a aquel donde el agresor haya expresado de manera personal, en redes sociales o por algún otro medio de difusión, el rechazo, desprecio o intolerancia contra el colectivo de personas al que pertenezca la víctima. Esto significa penas más severas tanto en el caso de lesiones como en el caso de homicidio.

La iniciativa resulta de suma importancia, pues de acuerdo al informe “Violencia extrema. Los asesinatos de personas LGBT en México: los saldos del sexenio (2013-2018)”, las líneas de investigación de estos homicidios destacan “la poca relevancia que conceden a la orientación sexual y a la identidad de género de las víctimas en sus pesquisas, y cuando se la otorgan lo hacen de manera perjuiciada”, pues solo en el 10% de los casos se indagan como posibles crímenes de odio, y solo en el 28.8% de ellos se identificó al o los presuntos responsables.

Es cierto que en cuanto a aplicación de leyes, el Estado mexicano aún queda a deber mucho a sus ciudadanos, pero sin un marco legal que respalde y proteja a la población LGBTQ, tampoco vamos a avanzar mucho. Exigir leyes que protejan a minorías que han sido vulneradas es sólo la primera parte, ahora sigue exigir un cumplimiento de ellas. Es un camino largo, pero estas iniciativas son un paso más en la dirección correcta. Esperamos que pronto se someta a votación general, y no ocurra como en el Senado mexicano, donde Citlalli Hernández presentó una iniciativa para castigar las ECOSIG que aún sigue en espera de ser votada. Cualquiera que sea el desenlace, les estaremos informando.