México aprueba derechos sanitarios y de seguridad social para las parejas homosexuales

La Cámara de Diputados de México avaló la reforma de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), mediante la cual las parejas del mismo sexo (unidas bajo las figuras de sociedades de convivencia, matrimonio entre personas del mismo sexo o pacto de solidaridad) pueden asegurar a sus parejas para que reciban atención médica y sean beneficiarios en caso de incapacidad, invalidez o muerte.

Una reforma que es resultado de la lucha por el reconocimiento pleno de derechos a las parejas del mismo sexo en el país, y muy singularmente del derecho a contraer matrimonio civil (ya aprobado en Ciudad de México). Los diputados votaron en su mayoría a favor, ya que “mediante estas reformas se eleva a las parejas formadas por personas del mismo sexo al nivel de cualquier otro matrimonio ‘tradicional’ o concubinato, y ofrece la igualdad a las familias homoparentales debido a que el concepto de familia ha cambiado en los últimos años”. La reforma pone además punto final a la inseguridad jurídica que en este aspecto sufrían las parejas del mismo sexo, incluyendo a los matrimonios celebrados en la capital mexicana.

La diputada Enoé Uranga (del Partido de la Revolución Democrática, PRD) aseguró que “en ningún momento las reformas ponen en riesgo financiero a dichos institutos de salud”, como aseguraba el conservador Partido Acción Nacional (PAN), que se opuso a dichas reformas. Reformas que habían sido promovidas por la propia Uranga y por Rubén Moreira, diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En este orden, diferentes diputados de la sección panista pidieron un debate más profundo, aplazando dicha reforma y esclarecer puntos medios, a lo que Uranga contestó que “lo que está en medio es que les molesta mi amor”. “Lo demás es un invento para quien se resiste a admitir que hay amores que nacieron para ser visibles y que no están dispuestos a callar su voz ni a renunciar a sus derechos”, terminó por añadir, refiriéndose a los argumentos del PAN.

La reforma ya fue turnada a la Cámara de Senadores y de ser aprobada (muy probablemente), entrara en vigor 60 días después de ser publicada en el Diario Oficial de la Federación, tal como lo indica la ley mexicana.