Suprema Corte de México, reconoce matrimonio y adopción gay

Después de seis sesiones en las que se discutió el matrimonio entre personas del mismo sexo con el derecho a la adopción, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha demostrado su protagonismo en nuestra transición democrática, en la cual los derechos humanos y el imperio de la ley avanzan de manera contundente.

La mexicana es una democracia en vías de desarrollo en donde la igualdad y la no discriminación, aunque consagradas en la Carta Magna, no conocen todavía una realidad cotidiana. Ni siquiera en la sociedad en general, mucho menos en lo que toca a los integrantes de la diversidad sexual. Por eso resulta fundamental que el debate sobre la ampliación de derechos civiles a todas las personas sin distingo de orientación sexual o identidad de género llegara al máximo tribunal del país.

Destacan tres decisiones de la Suprema Corte, las cuales, por cierto, son inapelables: Que los matrimonios entre personas del mismo sexo no viola la Constitución, como en su momento lo aseguró el primer mandatario Felipe Calderón; que estas uniones, aunque celebradas en la capital, deben ser reconocidas en cualquier estado de la República Mexicana, y lo más importante por la polémica que generó el asunto, que las parejas gays pueden adoptar a menores. Con tales resoluciones, podemos celebrar y concluir que:

1. Siglos después de que fuera planteada en la teoría política, hoy se demuestra que la división de poderes consolida las democracias. Conforme a nuestra Constitución, aunque no le asistiera la razón jurídica, el Ejecutivo Federal promovió una acción de inconstitucionalidad ante el Poder Judicial de la federación. Lo hizo por conducto de la Procuraduría General de la República (PRG) y apoyado por los gobiernos estatales de extracción panista. Pero por tratarse de poderes públicos distintos, con la decisión de la Corte, el gobierno federal conoce una derrota más. A favor de la democracia y en detrimento del mandato de Felipe Calderón, hoy es evidente no sólo su ineficaz combate al crimen organizado, sino también su estrecha visión en asuntos sociales.

2. No existe fundamento jurídico para no legislar a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo en lo demás estados que conforman la República Mexicana. Con la decisión de la Corte, hoy queda demostrado que no existen argumentos estrictamente legales en las entidades federativas para avanzar en el reconocimiento de derechos civiles de las minorías sexuales. En todo caso, la oposición que pueda presentarse y que seguramente ocurrirá, evidentemente será de tipo ideológico. Con la constitucionalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo en el Distrito Federal, su validez legal en toda la República, y además el reconocimiento a la adopción gay, los representantes populares ya no tendrán pretexto jurídico para abrazar o considerar al menos una verdadera agenda a favor de la igualdad.

3. Luego de las desafortunadas declaraciones de altos jerarcas de la Iglesia, no sólo en contra de la decisión de la Corte, sino durante todo el proceso de discusión, aprobación y defensa del matrimonio y la adopción gay, el hecho de que también de manera histórica el máximo tribunal del país lanzara un mensaje a favor del Estado Laico, constituye un llamado urgente al fortalecimiento de la laicidad mexicana. La Constitución, en su artículo 130, ordena la separación de la Iglesia del Estado y, en consecuencia -a pesar de la cercanía del gobierno federal con la jerarquía eclesiástica- los once ministros de la Suprema Corte han recordado que las iglesias, particularmente la católica, deben abstenerse de participar y opinar sobre asuntos de interés público.

En suma, se trata de un logro importante de un movimiento social que ha luchado por sus derechos durante décadas. Un capítulo más en que visibilidad fue la mayor conquista. Pero tal como coinciden activistas, organizaciones e instituciones a favor de la igualdad, esto no es el final. Todavía persisten los crímenes de odio por homofobia, todavía la seguridad social es inaccesible para las parejas integradas por parejas del mismo sexo, además de que la violencia hacia la diversidad sexual en las escuelas es lastimosamente vigente. Y qué decir de la ausencia de políticas públicas a favor de las minorías sexuales o de la impunidad con que aún se pronuncian discursos que incitan al odio. Por tanto, detengamos a celebrar, sí, pero también con la claridad de que esto apenas es un paso de una lucha en la que estamos obligados darle continuidad.

Fuente: Anodis